Una de jueces
por Sabino Cuadra Lasarte
Según una encuesta publicada hace siete meses (“El País”, 12 de agosto de 2012) el funcionamiento de la Justicia es considerado “malo” por el 69% de la ciudadanía. El peor resultado de los últimos 25 años.
Da la pinta además que, como en tantas otras cosas, el olfato de la gente hila fino.
Me sumo a esa misma opinión. Acabo de recibir un Auto judicial en el que se acuerda el sobreseimiento y archivo de la denuncia por mí formulada por los malos tratos y porrazos policiales recibidos en el transcurso de la huelga general convocada el pasado 26 de septiembre en Euskal Herria por la mayoría sindical vasca y un sinnúmero de grupos y colectivos sociales.
Durante la misma me dirigí en un par de ocasiones a miembros de la Policía para solicitarles explicaciones por unas actuaciones suyas que entendí eran injustificadas y desproporcionadas. En las dos me identifiqué y acredité como miembro del Congreso español, pero ello no impidió que recibiera sendos porrazos por entender, pienso yo, que como ya en su día afirmó, Manuel Fraga, “la calle es mía”, es decir, suya, y que yo, allí, estaba de sobra.
Con la república la mujer comenzó a ver cumplidas algunas de sus aspiraciones que como ser humano tenía derecho y que sistemáticamente le habían sido denegadas, la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal. En ello tuvo especial importancia el tesón de Clara Campoamor, un legado que nunca sabremos llegar a valorar en su justo valor para lo que supuso la emancipación femenina, supongo que por la ausencia de un republicanismo fuerte y porque pasada la dictadura sus planteamientos fueron parte de nosotros por asimilación natural de los tiempos.
Corren días convulsos para la familia González Martín después de que ‘El País’ publicase un reportaje en el que denunciaba que el ultraderechista que en 1980 mató a la mayor de los hermanos –Yolanda, de 19 años– prestó servicios de asesoría a la Guardia Civil y a la Policía española. El ministro de Interior trata de justificarlo sin sonrojo mientras los allegados de la militante del PST insisten en la cobertura que las FSE vienen dando desde 1980 a Emilio Hellín Moro.
